La Alcaldía informó que operativos similares ya se han realizado en zonas como La Badea y El Crucero, donde también se ha verificado el cumplimiento de la norma para reducir la contaminación acústica y garantizar la tranquilidad de los residentes.
La Alcaldía de Dosquebradas cerró temporalmente dos establecimientos nocturnos en el sector de San Diego tras comprobar, mediante pruebas de sonometría, que alcanzaban niveles de ruido de hasta 94 decibeles, superando ampliamente los límites permitidos por la Ley Antirruido 2450 de 2025. Las sanciones podrían superar los $65 millones, según lo establecido por la normativa.
La administración municipal liderada por el alcalde Roberto Jiménez, intensificó los operativos de control de ruido en respuesta a las reiteradas denuncias de la comunidad.
Las intervenciones permitieron identificar a dos establecimientos que excedían los 60 decibeles autorizados para actividades nocturnas, llegando incluso a niveles catalogados como altamente perjudiciales para la salud y la convivencia.
Con este operativo, ya son cuatro los establecimientos sancionados desde la entrada en vigencia de la nueva ley, cuyo objetivo es proteger el descanso, la convivencia y el bienestar de los habitantes del municipio.
Autoridades reafirman compromiso con la convivencia
El director operativo de Gobierno, Alexander Muñoz, señaló que estas acciones hacen parte de una estrategia integral de control y prevención. “Seguimos trabajando para que Dosquebradas sea un territorio donde se respete el descanso y la sana convivencia”, aseguró.
Además de la clausura temporal por cuatro días, los negocios podrían enfrentar multas de hasta $65 millones, según el informe del inspector de Policía del sector, respaldado por los registros técnicos de sonometría.
Dato de interés
La Secretaría de Gobierno implementa un plan pedagógico de socialización de la Ley 2450 de 2025, que ya ha sido llevado a sectores como La Pradera, con el objetivo de informar a los empresarios sobre los límites permitidos, las sanciones y la importancia de respetar las disposiciones que protegen la calidad de vida de la comunidad.
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