Gobernación de Risaralda busca soluciones para la crisis carcelaria y penitenciaria

La Gobernación de Risaralda, en conjunto con autoridades locales y la Procuraduría, lideró una jornada clave para abordar la crisis del sistema penitenciario y carcelario en el departamento.



La reunión, enmarcada en la Comisión Departamental de Seguimiento a las Condiciones de Reclusión, se centró en identificar problemas críticos como el hacinamiento y fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

Avances y compromisos institucionales


La gobernadora encargada, Sandra Henao Henao, resaltó la importancia de los convenios interadministrativos:

"Esta importante reunión arroja grandes resultados. Participaron los alcaldes de diferentes municipios, socializando el estado de los convenios para garantizar mejores condiciones de vida y resocialización de la población privada de la libertad".

Por su parte, Elizabeth Diosa, directora de Seguridad y Convivencia, reafirmó el compromiso de la Gobernación para mejorar las condiciones de los reclusos:

"El Comité de Seguimiento Carcelario tiene como finalidad evaluar las condiciones en que están las personas privadas de la libertad en todo el departamento y ratificar el compromiso que lidera nuestro gobernador Juan Diego Patiño".

El hacinamiento: un problema urgente


Uno de los puntos centrales fue la presentación de la asesora jurídica del INPEC, Marta Cecilia Ríos Díez, quien detalló la preocupante situación de hacinamiento en los centros penitenciarios de Risaralda:

- Pereira: con una capacidad para 649 personas, alberga actualmente 993, lo que representa un 53% de hacinamiento.
- Santa Rosa de Cabal: diseñada para 178 personas, tiene 258 internos, alcanzando un 45% de hacinamiento.
- Reclusión de Mujeres en La Badea: este centro, con capacidad para 305 mujeres, actualmente alberga 216, mostrando que no enfrenta problemas de sobrepoblación.

Propuestas para el cambio


Durante la reunión, se discutieron propuestas para reducir el hacinamiento, mejorar la infraestructura y fortalecer los programas de resocialización. Además, se planteó una mayor articulación entre municipios para optimizar los recursos destinados a este sector.

La Gobernación de Risaralda reafirmó su compromiso de liderar acciones concretas que garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad, en línea con el respeto a los derechos humanos y la seguridad del departamento.

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